Graciela Márquez tiene una carrera académica y de administración pública y cuenta con la confianza del Presidente. Es por ello que se espera un mayor compromiso institucional que, en estos tiempos, es indispensable, especialmente ante un Poder Ejecutivo que se ha manifestado abiertamente contra la autonomía de los órganos estatales mexicanos.
Mario Luis Fuentes
Dra. Graciela marquez confirmó, a través de sus redes sociales, que a partir de enero de 2022, sujeto a ratificación por parte del Senado de la República, ocupará la presidencia de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), uno de los más importantes en el estado mexicano. Será, debe enfatizarse, la primera mujer en ocupar este cargo.
El trabajo que hizo en esa tarea debe ser reconocido. Giulio santaella y todo su equipo de trabajo, pues han logrado consolidar diversos procesos de generación de estadísticas de interés nacional, y sobre todo han logrado lo que no se podía lograr en otros países: tener un censo nacional de población y vivienda en la pandemia, y no se detenga en el período de encierro para producir las estadísticas que el país requiere para la toma de decisiones tanto públicas como privadas.
Cabe recordar que el INEGI es un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, cuya base jurídica se encuentra en el artículo 26 de nuestra Carta Magna; y en lo que se establece, se debe insistir una y otra vez en que la información que genera sea «oficial», por lo que todos los órganos de la administración pública federal, estatal y municipal están obligados a planificar, planificar y ejecutar acciones y programas, basado principalmente en los datos generados por este organismo.
También cabe recordar que la ley que regula el artículo 26 establece la existencia de un Sistema Nacional de Información Estadística y Territorial, en el que participan los tres. Poderes sindicales, administraciones estatales y municipales, así como expertos que ayuden a definir qué información es de interés nacional y, por tanto, qué información debe formar parte del Catálogo de Indicadores Nacionales.
El INEGI también tiene, entre otras, dos funciones centrales que son decisivas para el desarrollo nacional y el buen funcionamiento de la economía: medición de la inflación, por un lado, y por otro, la estimación del valor de la Unidad de Medición y Actualización (UMA), que se utiliza para calcular miles de tipos diferentes de operaciones y determinaciones económicas en el país.
Por todo lo anterior, el desafío que tendrá que enfrentar el nuevo presidente del INEGI es formidable; porque en primer lugar tendrá que enfrentar un escenario de severas restricciones económicas, y tendrá que formular, en los próximos cinco meses, el plan presupuestario para convencer al Congreso de no recortar más recursos asignados al Instituto, y que, por el contrario, asigna lo necesario para generar los datos que el país necesita para su correcto funcionamiento.
También deberá asumir la titánica tarea de potenciar las capacidades del INEGI para lograr que los gobiernos, en todos los órdenes y niveles, pero especialmente en la Presidencia de la República, internalicen la responsabilidad de utilizar la información oficial para la toma de decisiones y el establecimiento de la posibilidad de continuar presentando públicamente que existe «Otros datos», diferentes a los oficiales y en base a los cuales se toman decisiones de enorme trascendencia, como es el caso del denominado “Censo de bienestar”, que nunca se ha hecho público.
Otro desafío que tendrá que enfrentar la nueva presidencia del INEGI es fortalecer la información generada a través de su sistema de reporte, y más aún a través de los registros administrativos. Ambos son muy relevantes porque, según sus estimaciones, deben tomarse decisiones de gran sensibilidad para el país: la mortalidad, el nacimiento, la migración, el matrimonio, son solo algunos de los temas de enorme trascendencia para el país.
Iguales son los indicadores de seguridad pública, de carácter oficial, que se encuentran en las estadísticas de la administración de justicia, en los censos que realiza el Instituto, y en diversas encuestas, cuyos resultados también han sido incorporados en la Plan nacional de desarrollo como indicadores para medir el impacto en temas clave como la seguridad pública.
No se debe olvidar que el INEGI ha sido reconocido reiteradamente como uno de los mejores institutos del mundo, y que es uno de los agencias de generación estadística de máxima confiabilidad y apego a las mejores prácticas internacionales, tema central en otras áreas, como la integración de las cuentas nacionales, que brindan certezas en la toma de decisiones sobre las inversiones extranjeras directas en nuestro país y deben sentar las bases para las decisiones de inversión productiva del Estado, por mencionar solo un caso.
Otro de los puntos fuertes del INEGI es la política de datos abiertos y máxima publicidad, que son requeridos por la ley y que han caracterizado al Instituto; uno de los más cumplidores a nivel internacional, con la responsabilidad de contar con un calendario de difusión de información, que permite a los usuarios tener certeza de cuándo estarán disponibles nuevos datos e insumos de información para actualizar sus procesos de planificación y decisión.
En este sentido, si algo tiene que fortalecer al Instituto es la confianza ciudadana, en particular en sus procesos de recopilación de datos e información; y en el tratamiento serio y responsable de los mismos, a fin de garantizar la confianza y disponibilidad de las personas para facilitar datos al Instituto.
Graciela Márquez ha una carrera académica y en la administración pública, y goza de la confianza del presidente. Es por ello que se espera un mayor compromiso institucional que, en estos tiempos, es indispensable, especialmente ante un Poder Ejecutivo que se ha manifestado abiertamente contra la autonomía de los órganos estatales mexicanos.
El mandato de la Presidencia del INEGI es de seis años y no coincide con el de la Presidencia de la República; Este diseño institucional se estableció de esta manera para evitar, en la medida de lo posible, que el Instituto esté al servicio del Estado mexicano y no del propio gobierno. Hasta ahora, ha permitido a los presidentes anteriores hacer su trabajo, no sin presión, pero con la capacidad de tomar decisiones acompañado de una junta directiva sólida.
Entonces, si algo es deseable es que la nueva gestión del INEGI -debe ser enfatizado, liderada por primera vez por una mujer- siga fortaleciendo una de las instituciones más relevante, más profesional y con mayores capacidades que el estado.
